La gobernación de Florida la ha catalogado como “la legislación más fuerte contra la inmigración ilegal” de Estados Unidos y sus efectos preocupan a muchos.
El gobernador Ron DeSantis firmó la semana pasada una ley que dificulta la vida de los inmigrantes sin papeles en el estado y que establece duras penas no solamente para quienes les den trabajo, sino incluso para quienes les transporten en sus vehículos.
Cifras del Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington D.C., estima en 772.000 el número de migrantes indocumentados que residen en Florida.
Pese a las restricciones legales que enfrenta, esta población migrante juega un papel relevante en el funcionamiento de la economía de Florida, sobre todo en áreas como la agricultura, la construcción o la hostelería, donde se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren hacer, al menos por los sueldos que los empleadores están ofreciendo.