El asesinato de cuatro adolescentes indígenas en el sur de Colombia supone un nuevo obstáculo para el objetivo de “paz total” que persigue el gobierno de Gustavo Petro.
Los jóvenes fueron reclutados forzosamente por las disidencias de la guerrilla de las FARC en su propio territorio y luego, a pesar de que ellos mismos lograron escapar, acabaron perdiendo la vida.
La masacre en la que fueron asesinados ocurrió el pasado17 de mayo en el departamento del Putumayo. El hecho fue denunciado tres días después por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) en redes sociales.
El gobierno colombiano confirmó la noticia y el presidente Gustavo Petro convocó un consejo de seguridad extraordinario en el que se tomó la decisión de suspender parcialmente el cese al fuego con las disidencias de FARC (que es como se le conoce a la fracción que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016 y bajo el cual esa guerrilla entregó las armas), con quienes el gobierno adelanta negociaciones como parte de su proyecto “paz total”.
Luego del anuncio del mandatario, el grupo armado dijo en un comunicado que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.